Una norma que ordena, protege y mejora la experiencia turística
En un encuentro organizado junto a la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), el Ministerio de Turismo presentó la propuesta de reglamentación de la Ley N.º 20.352, un paso clave para ordenar y regular la actividad de las viviendas turísticas en todo el país. La instancia contó con la presencia del ministro Pablo Menoni, la subsecretaria Ana Caram, la directora general Florencia Ualde, el presidente de CAMTUR, Fernando Tapia, y el presidente de AHRU, Francisco Rodríguez.
La normativa alcanza a todos los alojamientos transitorios de hasta 120 días. Responde a una realidad innegable: el crecimiento sostenido del alquiler turístico y la necesidad de contar con reglas claras, información organizada y un sistema transparente que proteja tanto a los operadores como a los visitantes.
El proyecto de decreto es fruto de un trabajo participativo con el sector privado y organismos públicos. El objetivo, según se destacó durante la presentación, consiste en avanzar de forma equilibrada, con un proceso gradual que ordene primero la información básica para luego continuar hacia la verificación de condiciones y el cumplimiento normativo. El Ministerio será la autoridad de control, aplicando sanciones bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
¿Qué significa arrendar una vivienda turística?
Arrendar una vivienda turística implica ofrecer un inmueble —casa, apartamento, habitación o construcción similar— para estadías cortas, por períodos transitorios que no superan los 120 días. Se trata de un servicio que integra la cadena turística del país y que requiere, como cualquier actividad vinculada a visitantes, condiciones claras, requisitos mínimos y una identificación que permita al turista saber dónde se hospeda y quién es el responsable.
Una vivienda turística no es un alquiler tradicional.
Es una oferta orientada al ocio, las vacaciones, el trabajo remoto o los viajes familiares, donde el visitante espera seguridad, higiene, trazabilidad y un marco regulatorio que respalde su experiencia. Ordenar esta categoría supone reconocer su importancia dentro del mercado y alinearla con estándares internacionales.
Con la nueva reglamentación, operadores y turistas tendrán certezas: cada vivienda contará con un número único identificatorio y las plataformas solo podrán publicar alojamientos que cumplan las reglas. Esto mejora la confianza, facilita el control y ofrece igualdad de condiciones frente a otros tipos de alojamiento ya regulados.
Un registro único, público y obligatorio
El decreto establece la creación de un registro obligatorio para personas físicas y jurídicas que ofrezcan viviendas turísticas. Al inscribirse, cada operador obtiene un número único visible para el visitante, respaldado por el Ministerio de Turismo. Este registro será público y accesible desde la web institucional:
www.gub.uy/ministerio-turismo
Las plataformas digitales —como Airbnb, Booking y similares— también deberán registrarse y tendrán un plazo de 180 días para adecuarse. Solo podrán publicar viviendas debidamente inscriptas, consolidando un esquema de responsabilidad compartida entre Estado, operadores y empresas tecnológicas.
Un paso alineado al mundo
Uruguay se integra así a un modelo ya adoptado por países como España, Francia, Portugal y Argentina. La meta es la misma: ordenar la oferta, generar información confiable, proteger al visitante y dar un marco seguro para quienes invierten y trabajan en turismo.
La propuesta presentada marca un avance para todo el sector. Aporta transparencia, mejora la competitividad y ofrece una señal clara: el país apuesta a un turismo responsable, moderno y sostenible, donde cada actor cumple un rol clave y donde la confianza se construye con reglas parejas para todos.